El Parque Nacional Isiboro-Sécure, uno de los reservorios de biodiversidad más ricos del continente, está siendo amenazado por una carretera cuya construcción se defiende obstinadamente desde el Gobierno. Los pobladores indígenas advierten que defenderán con su vida la preservación de su hábitat.

En el país tenemos el privilegio de contar aún con escasas regiones paradisíacas como el Parque Nacional Isiboro Sécure, ubicado entre los departamentos del Beni (provincia Moxos y Marbán) y Cochabamba (provincia Chapare). Allí todavía es posible observar y participar de un hábitat original maravilloso, complejo, abigarrado; que hasta ahora se ha podido preservar de las nocivas costumbres y ambiciones del hombre moderno. No ha sido fácil. Sus pobladores, indígenas de los pueblos Tsimane, Mojeño y Yuracaré, hace ya muchos años que vienen luchando, con buenos resultados, en contra de intereses políticos y privados de grandes madereros y ganaderos para preservar el entorno que les permite subsistir. No obstante, actualmente las comunidades indígenas y los frágiles ecosistemas del lugar enfrentan una nueva amenaza, quizás la mayor hasta ahora: el Gobierno del presidente Evo Morales, en teoría defensor de los derechos de la Madre Tierra.

Un paraíso terrenal

Ecosistemas únicos y diversos se han arraigado en una zona que permanece inundada gran parte del año gracias a un complejo sistema hidrológico, compuesto por ríos de serranía con pendientes altas y aguas transparentes, y ríos de llanura muy dinámicos de aguas blancas y oscuras. Asimismo, en el Parque descansan más de 170 lagunas, cuerpos de aguas entre grandes y pequeños, que preservan una incalculable riqueza hidrobiológica.

En ese medio húmedo de 12.363 kilómetros cuadrados de extensión, la vida literalmente revienta a borbotones. Se han registrado 402 especies de flora y se estima la existencia de más de 3.000 especies de plantas superiores. Estudios elaborados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) dan cuenta que bosques de piedemonte con suelos profundos y bosques húmedos de llanura cobijan a más de 108 especies de mamíferos (el 30 por ciento del total de las especies del país), y a más 470 especies de aves, correspondientes al 34 por ciento del total nacional, varios de éstos en peligro de extinción, como los osos jucumari, la londra y las aves terenura sbarpei y mpeüon rufaxilla. Este maravilloso y diverso mundo animal cuenta además con más de 39 especies de reptiles, 53 especies de anfibios y 188 especies de peces registrados, algunos, como el delfín rosado, están de igual manera en peligro de extinción. El valor biológico de este extraordinario universo, que apenas ocupa el 1,1 por ciento del total de la superficie nacional, es incalculable para el país y, si me apuran, para el mundo.

Primeras amenazas

A principios de los 60, se planteó la construcción de una carretera a través de esta región. Antes de eso, justamente con el propósito de preservar su riqueza biológica, la belleza del paisaje, las cuencas hidrográficas y las nacientes de los ríos para la navegación, se entendió la necesidad de otorgarle la categoría de Parque Nacional, mediante el Decreto Supremo 7401 de 22 de noviembre de 1965. Por otra parte, gracias a la Marcha Indígena realizada en 1990, el Parque en su totalidad fue reconocido como Territorio Indígena de los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chiman, adquiriendo su actual denominación de Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Por medio del Decreto 22610, de 24 de septiembre de 1990, se estableció una zona de amortiguamiento alrededor del parque, denominada “línea roja”, para evitar la expansión de asentamientos de colonos en la región sur.

Durante casi veinte años, estas resoluciones permitieron la preservación legal de este importante reducto natural. Empero, en 2008, con la firma del proyecto “Estudio de factibilidad técnico económico, impacto ambiental y diseño final del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos” se vulneraron de un plumazo años de esfuerzo y los derechos del Parque y de los pueblos indígenas que lo habitan. Éstos, naturalmente, reaccionaron indignados ante esta nueva amenaza. (En recuadro se reproduce una carta dirigida al Presidente donde manifiestan su preocupación e indignación por el atropello de sus derechos).

Factibilidad económica ambiental del proyecto: un vacío pendiente

El proyecto fue licitado en “llave en mano” por el Gobierno de Evo Morales, es decir que, según los términos de referencia, la empresa que se adjudicó la construcción de la carretera (la compañía brasilera OAS) es responsable de su estudio, construcción y mantenimiento. En este sentido, la elaboración de una factibilidad económica y ambiental del proyecto, que evalúe el costo de oportunidad y la pertinencia de la carretera en relación a otras opciones no ha sido considerada. Sencillamente se resolvió unir las ciudades de Cochabamba y Trinidad siguiendo el tramo más corto.

Considerando este importante vacío, la ingeniera civil Lia Peñarrieta Venegas decidió elaborar una evaluación económica ambiental del proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a modo de tesis de grado para culminar la Maestría en Ecología y Conservación, que se imparte en la Universidad Mayor de San Andrés. Este estudio, que pronto será concluido, pretende determinar si la implementación de la carretera es viable económica y ambientalmente, además de examinar el impacto de su construcción en las formas de vida y el medio ambiente; con el fin de proporcionar argumentos técnicos y económicos para la toma de decisiones. Para lograr este propósito, inicialmente se realizó un diagnóstico del TIPNIS en relación a la carretera, luego se proyectó los posibles impactos y efectos generados por su construcción, para finalmente determinar la factibilidad de la construcción de la carretera, mediante el análisis costo-beneficio del proyecto en relación a otras alternativas con y sin el proyecto.

Factores que se deben considerar

Actualmente la longitud de la carretera que une las ciudades de Trinidad y Cochabamba es de 834 km, en su gran mayoría asfaltada, con excepción de un tramo de 92 km. La distancia de la carretera adjudicada por OAS, propuesta por las prefecturas de los departamentos interesados con el apoyo del Gobierno Central, es de 274 km. Un tramo mucho menor que efectivamente disminuiría los tiempos y costos de viaje en el transporte de mercancías entre los departamentos de Beni y Cochabamba, pero que sin embargo pondría en riesgo la biodiversidad del TIPNIS. Conscientes de la importancia de preservar el Parque, los pueblos indígenas y el Sernap han propuesto una ruta alternativa de 415 km. Adicionalmente, la ingeniera Peñarrieta plantea una cuarta opción de 337 km.

El propósito del estudio es el de analizar la factibilidad económica de estas cuatro opciones considerando factores como “la reducción de costos de transporte; el ahorro de tiempo; disminución de accidentes; el desencadenamiento de actividades comerciales, industriales, turísticas; mayores ingresos oficiales derivados de la mayor valoración predial derivados del proyecto, etc.”.

Por otra parte, se subraya la importancia de contemplar los impactos ambientales negativos potenciales en la construcción de la carretera dentro del TIPNIS, como “la deforestación, el cambio de los cursos de agua, afectación a drenajes naturales y pérdida y disminución de la biodiversidad. A nivel social y económico, los posibles efectos son: colonización, conflictos sobre la tierra y avasallamiento, pérdida de la identidad de los pueblos originarios, entre otros”.

Resultados preliminares, que comparan solamente los dos primeros escenarios, es decir, entre el mejoramiento de la actual carretera y la construcción de una nueva, tal y como ha sido adjudicada, considerando además de los factores señalados datos de los costos de inversión, mantenimiento y construcción de las obras, sugieren que “la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no es viable tal como está planteada actualmente por las prefecturas. El Valor actual neto (VAN) calculado es igual a -44,84 millones de dólares. Un incremento en el tráfico hasta 350 vehículos por día resultaría en que la propuesta sea viable. En el análisis de riesgo se observa que la probabilidad de que la propuesta de las prefecturas sea factible es de 0 por ciento, considerando los supuestos. Es importante señalar que los costos ambientales no fueron incluidos en estos cálculos. Al incluirlos, los resultados económicos serían aún menos favorables”.

Falta examinar el resto de los escenarios. De todas maneras, con estos resultados preliminares llama la atención el empecinamiento de los gobiernos subnacionales y Central por construir una carretera que pondrá en riesgo la preservación de uno de los ecosistemas más importantes del Continente. Llama también la atención la intransigencia del mismo Presidente que insiste en la construcción de este tramo que atraviesa el corazón del TIPNIS.

El Sernap teme que una apertura de camino en la zona sur permitiría el avance de la colonización, amén de fomentar la expansión del cultivo de coca. La parte norte sería aprovechada por los grandes madereros, que hace varios años quieren entrar al TIPNIS, por los “manchones” de mara del lugar.

En días pasados, durante el 14 y el 15 de mayo, se llevó a cabo un encuentro entre los pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB) con representantes del Poder Ejecutivo para tratar, entre otros temas, la resolución del último escollo que ha estado evitando el inicio de la construcción de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos: el Estudio de Impacto Ambiental del segundo tramo. El informe prevé la presentación de éste durante los próximos días, a pesar de la abierta oposición de los pueblos indígenas del TIPNIS que, de acuerdo con la Constitución, deberían ser consultados.

Tomando en cuenta la posibilidad de construir tramos más largos pero medioambientalmente más amigables, se sospecha que la presión para la construcción de un camino que atraviese el TIPNIS es ejercida por empresarios ganaderos del oriente que buscan comercializar sus productos, por empresarios madereros que desean ingresar al Área Protegida para extraer madera, y por organizaciones interculturales (colonizadores) que desean ingresar al área para cultivar. Cabe preguntarse a cuál de estos grupos apoya el Presidente, amén de la falta de consistencia entre los discursos ambientalista que sostiene y los hechos: mientras a los países occidentales se les exige respetar los derechos de los indígenas y de la Tierra, por casa se los vulnera descaradamente.

Fuente: Pulso, 23/05/2010